(untitled) (ECA: Estudios Centroamericanos, 2026)
La Corte Interamericana analizó, en 2014, el alcance y contenido de la obligación de reparación a los pueblos indígenas cuando se ha determinado que no es posible la restitución de las tierras y territorios ancestrales; y establece la protección de las tierras indígenas colectivas a las tierras “alternativas” asignadas en compensación del desplazamiento de estos pueblos indígenas por el Estado de Panamá. Lo anterior, en el contexto del desplazamiento de los pueblos indígenas Kuna, de Madungandí, y Emberá, de Bayano, por la construcción del complejo hidroeléctrico del Bayano y a su posterior reasentamiento en tierras alternativas. La Corte consistente con su jurisprudencia, señala que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que existan mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y promover sus derechos sobre los territorios indígenas, a través de los cuales se puedan llevar a cabo los procesos de reconocimiento, titulación, demarcación y delimitación de su propiedad colectiva. Por lo que la Corte declara responsable internacionalmente al Estado de Panamá por la violación al derecho a la propiedad colectiva indígena, por la omisión en el cumplimiento efectivo y oportuno, y por la demora sostenida e injustificada en delimitar, demarcar y titular las tierras asignadas a estos pueblos; así como por no haber garantizado el goce efectivo del título de propiedad colectiva de la comunidad Piriatí Emberá al otorgar un título de tierras privadas a un tercero no indígena dentro de las tierras en proceso de asignación a esta comunidad.